El Gobierno lleva a cabo el Plan de lucha contra el fraude más intenso

La obligación de declaración de bienes en el extranjero aflora más de 124.000 millones

Por primera vez, se han limitado los pagos en efectivo, se ha intensificado el control de las declaraciones de IVA, las cuentas en el extranjero y se ha endurecido el delito fiscal.

La regularización fiscal ha sido una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria, según las recomendaciones de la OCDE. Otros países de nuestro entorno, con gobiernos de distinto color político, han tomado este tipo de medidas, como Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos.

El PP defiende por encima de todo el cumplimiento de la ley, el interés general de todos los ciudadanos y que cada uno responda por sus actos. La investigación sobre Rodrigo Rato demuestra que las instituciones funcionan y que actúan con equidad, transparencia e independencia.

Rato está siendo investigado por un organismo independiente, que trabaja sin presiones del gobierno. En estos momentos, en los que el PP ha recibido tantas críticas, la imparcialidad del partido demuestra que una persona que se acoge a la regularización fiscal no queda exenta de los delitos que haya podido cometer, como ocurría con las amnistías del PSOE.

Nunca ha habido un Gobierno que haya puesto en marcha tantas medidas contra el fraude fiscal. La actuación de la Agencia Tributaria vuelve a batir récords: los resultados del control tributario han mejorado un 13,5% en el mejor primer trimestre de la serie histórica. La lista de investigados por blanqueo alcanza ya un total de 715 contribuyentes.

Por primera vez, se hará pública la lista de defraudadores, que deban a Hacienda más de un millón de euros y que se encuentren fuera de plazo. Surge de la necesidad de corregir un agujero del 3% del PIB de las cuentas del Gobierno socialista, que el Gobierno del Partido Popular afloró. Por lo tanto, quien ocultó 90.000 millones no puede dar ahora lecciones de transparencia.

Esta regularización fiscal es transparente, a diferencia de las amnistías fiscales del PSOE: opacas, sin control y que daban intereses a los defraudadores.

El resultado: el Plan de Lucha contra el fraude del Gobierno ha recaudado más de 37.600 millones de euros desde 2012.

El objetivo prioritario es garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos mediante la contribución justa y equitativa de todos los españoles. El contribuyente cumplidor puede tener la tranquilidad de que nuestras instituciones funcionan y son iguales para todos. La lucha contra el fraude fiscal garantiza la financiación de los servicios públicos y permite rebajar la factura al contribuyente cumplidor.

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